Por la dignidad de Garzón.

Ya no estamos en modelos de justicia opacos y sin justificación, y esos comportamientos desviados están sometidos a la crítica pública y a la reprobación y pueden producir reacciones y protestas, como las que han surgido ante la amenaza que sufre el juez Garzón por intentar, dentro de la cultura de la memoria histórica, un proceso a las ilegalidades y los delitos cometidos durante la dictadura franquista.

Es verdad que este magistrado tiene una vocación de protagonismo quizás excesiva, pero es indudable que no ha actuado en beneficio propio ni para obtener ventajas, sino que siempre ha defendido e impulsado causas fundadas en el interés general, y desde la conciencia en el valor supremo de la racionalidad del Derecho. Es un sarcasmo, si no una agresión a los valores superiores de la democracia, que, por impulso de insignificantes grupos de extrema derecha, un magistrado trate de inculpar a un buen juez y que su órgano supremo de gobierno, el Consejo, pretenda suspenderle en su función, antes de tiempo y fuera del procedimiento establecido.

Si la conciencia religiosa puede ser un obstáculo al buen ejercicio de la voluntad de los operadores jurídicos, jueces y funcionarios, desviándoles de la solución ajustada a Derecho, al menos no tiene un contenido inmoral, aunque se aplique fuera de sitio y a destiempo. Por el contrario, la formación de la voluntad judicial, también fuera de la racionalidad jurídica, desde "conciencias" desviadas y sin fundamento, basadas en prejuicios, en envidias, en celos profesionales, al margen de las opiniones más sensatas, es indecente y carece de cualquier justificación. Dejar que prospere es más que un error. Nuestra conciencia jurídica y nuestra dignidad ciudadana sufrirían un daño irreparable.
Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.