Internacional

Proceso al juez Garzón: ¿dónde están los derechos de miles de víctimas de desaparición forzada?
El juez Baltasar Garzón puede ser juzgado por un presunto delito de prevaricación por investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Amnistía Internacional considera insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista.

La Ley de Amnistía de 1977 ha sido invocada para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si este juicio se produce será el primer caso del que tenemos noticia, en todo el mundo, de que un juez es llevado al banquillo por intenta conseguir verdad, justicia y reparación para estas víctimas. Es un mensaje tremendo para otros jueces que lo intenten, en España y en el resto del mundo.

Las leyes de Amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito.
El Estado español es responsable ante las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Es decir, el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.